CLACSO publica la investigación, de Milena Recio*, realizada para el concurso “Estudios sobre políticas públicas en América Latina y el Caribe: Ciudadanía, democracia y justicia social”. Recio trabajó el tema “La hora de los desconectados. Evaluación del diseño de la política de “acceso social” a Internet en Cuba en un contexto de cambios”.
Estas son sus conclusiones:
Esta investigación ha permitido arribar a ciertas conclusiones preliminares analítico-descriptivas que pueden llegar a tener además un componente propositivo y que responden a los objetivos definidos en el diseño metodológico que la guió:
La política de acceso social ha estado inserta dentro de una política más general de informatización de la sociedad, donde no ha sido eje principal. El carácter “social” del acceso remite a su condición de acceso colectivo y desde espacios institucionales. Se identifica lo institucional con lo social, a partir de una matriz que deja intacta la separación tradicional público/privado. Durante la mayor parte del tiempo la gratuidad ha sido también un valor considerado dentro del atributo de “social”. Más recientemente este valor se relativiza. Se publicita la necesidad de cobrar a un tipo de usuario para sostener el servicio liberado de pago o subsidiado a otros. El acceso social se constituye como una alternativa posible frente a la imposibilidad de acceso universal o pleno. Estos últimos no son horizontes identificados como posibles. La deuda de acceso social/estatal/institucional es todavía tan alta que ni siquiera se otea una solución de acceso residencial masivo, como no sea dirigida por el mercado, y regulada por los precios. Ya se comienza a esbozar la posibilidad de que personas naturales en el futuro puedan comprar el servicio, pero es de suponer tarifas altas. Hasta ahora predomina la lógica de recuperar la inversión que supuso la instalación del cable para ir disminuyéndolas en la medida en que se pueda incrementar la conectividad del país, antes dependiente de conexiones satelitales y hoy centradas en el cable submarino de fibra óptica ALBA-1. Este régimen fortalecerá la dualidad en el acceso, lejos de reducirla.
Aún con los estrechos márgenes que impusieron el bloqueo y la crisis económica, no circunstancial sino estructural, que comenzó a manifestarse a partir de los noventa en Cuba, las matrices desde las que se desarrolló esta política de acceso fueron de orientación socialista y estatalista: se propuso evadir al mercado como distribuidor principal del recurso escaso de la conectividad, y priorizar sectores que apoyaran planificadamente tareas de desarrollo integral del país previstas en un diseño político centralizado por el propio Estado. Como toda elección, dejó fuera grupos y sectores cuya capacidad para reflejar socialmente el impacto de la conectividad también hubiera sido fundamental, de haber sido dialogado y enunciado en un marco más plural.
En el diseño de esta política ha predominado la denominada “tiranía de la oferta”. Se basa en la iniciativa de la autoridad autoinvestida de un criterio experto y político de justicia, y asumiendo que el Estado socialista garantiza per se y plenamente la función democrática de representación. Durante un tiempo esa autoridad pudo maniobrar con un alto nivel de opacidad sobre su gestión, sin compromisos de difusión, divulgación, debate o escrutinio público acerca de la política de acceso. Cada vez es más difícil. La política se encuentra en un punto de ajuste donde necesitará clarificarse o incluso replantearse, mediante diálogos y explícitamente, sus objetivos, hitos, fases, montos de inversiones, resultados esperados, so pena de seguir alimentando insatisfacción, incomunicación, distanciamientos, confrontación, etcétera.
El estilo que ha predominado en la gestión de los accesos ha sido restrictivo, a partir de la sobrepresencia de elementos de seguridad y control, justificados o no, cada uno en su contexto, y de la escasez de conectividad. Desde los orígenes los accesos fueron restringidos, vigilados por humanos o por máquinas, con contenidos y servicios filtrados. En la mayoría de los casos los argumentos que acompañan este comportamiento apelan a la necesidad de racionalizar los usos del ancho de banda, pero han existido muchos casos de uso discrecional, algunos de raíz ideológica, amparados por la ambigüedad de la normativa vigente (Álvarez, 2013). Las decisiones concretas de administración de redes de una institución a otra pueden diferir ampliamente. En la medida en que mejoren las condiciones de conectividad la mayoría de estas restricciones dejarán de tener fundamento o se redimensionarán.
De muchas maneras está planteada la necesidad de sintetizar y actualizar el marco legal regulatorio. La elaboración de una primera Ley de Telecomunicaciones podría ser una ocasión propicia para incentivar el diálogo social y acercar a diversos actores cuyas agendas competen a los legisladores. Esta nueva ley deberá considerar distintos y mayores rangos de derechos y potestades para los usuarios de servicios de redes informáticas.
Las condiciones de escasa conectividad incrementaron las desigualdades infocomunicacionales preexistentes: puede hablarse de usuarios directos, indirectos y de desconectados, pero también de inforricos e infopobres en una escala muy propia considerando las condiciones de partida de un país prácticamente sin analfabetismo en adultos y con un alto nivel de escolarización, más otros indicadores que podrían matizar este panorama y hacerlo bien distinto del regional. No obstante, la política de acceso social no se focaliza en la corrección de estas desigualdades. La población en desventaja socioeconómica padece también una desventaja infocomunicacional. Los más beneficiados por el uso de Internet compartían algunas circunstancias de partida ventajosas: sectores intelectuales, profesionales, educacionales, ciertos servicios y actividades económicas relacionados con las exportaciones y ciertas capas directivas de la economía y la política.
Existe consenso acerca de que los cambios que se desarrollan en la actualidad en el modelo económico deben influir positivamente en la gestión de esta política al implicar mayor racionalidad económica y social, y promover un modelo multiactoral. Pero el logro de una mayor correspondencia funcional y cuantitativa entre la economía y la política social, no deberá convertirse en principios economicistas y eficientistas que releguen el objetivo social y de desarrollo largoplacista. Por otra parte, la concurrencia de tipos de actores múltiples en la economía promovidos por las reformas actuales en el modelo económico también deberán activar la desconcentración y distribución de poder (Espina, 2012: 170)
La revisión de las estrategias podría incluir el reconocimiento y legalización de las redes físicas ciudadanas que se han venido difundiendo, sobre todo en barrios de las ciudades principales del país y que podrían acoplarse a redes nacionales públicas para interactuar con ellas. Las redes sectoriales “estructuradas desde su inicio de forma vertical, con muy poco nivel de interconexión con sus homólogos de otros sectores” (De la Osa, 2013a), deberían poder revertir este comportamiento para ir conformando una red nacional robusta no solo en términos de conectividad sino también en función de contenidos y servicios.
El enfoque de pago-cobro por el acceso y la conectividad podría ir dando paso a un modelo de pago-cobro por contenidos/servicios de importancia social y de valor agregado. Esto dinamizaría una parte de la industria del software, brindaría incentivos a la industria de los contenidos y permitiría cada vez más nacionalizar el tráfico. No hacerlo sobre la base de la restricción, sino aprovechando las fortalezas de una oferta de servicios/productos nacionales.
Los rasgos de uso con sentido y de apropiación social de Internet (Martínez, 2001: 509-542), requieren un esfuerzo de alfabetización y luego de planificación en una escala social macro para asegurar las formas en que deben restituirse efectivamente a la sociedad el acceso que solo un fragmento de ella experimenta por ahora. Ni siquiera están garantizadas las mejores condiciones para el aprovechamiento indirecto de las TIC y en realidad la apropiación social no se desarrolla plenamente cuando predomina un ambiente de constricción y tan baja penetración del acceso.
“Tanto los soportes materiales como las disposiciones cognitivas, pueden ser con provecho colectivamente apropiados dentro de lo que llamamos una estrategia de desarrollo de cibercultur@, opuesta en tres frentes a la tendencia dominante, es decir, que parta de abajo hacia arriba, que conecte desde dentro hacia fuera y que se difunda entre los confines: entre las redes de las variadas periferias” (González, 2008: 53)En esta formulación del comunicólogo mexicano Jorge González se encuentran ciertas claves de las que podría apropiarse Cuba en el intento histórico de consolidar, también con y desde las TIC una sociedad anticapitalista, justa y solidaria. O, como hemos dicho en un texto anterior, para Cuba, un camino posible para la reconstrucción de una utopía socialmente compartida y movilizadora, podría ser la del dominio in extenso y útil de las fuentes, los canales, los usos y el consumo de información en esta Cuba llamada a rearticular sus posibilidades históricas en este siglo XXI. La fragua y diseminación de una Infoutopía será viable solo en escenarios de mayor conectividad a Internet. Las prácticas comunicacionales que se deriven de este acceso deben partir de reconquistar y actualizar la noción de servicio público y deberán dejarse interpelar por el mandato popular. Una estrategia infocomunicacional debe atravesar todos los sectores y dominios de la vida nacional de forma transversal, para que: 1) la comunicación se vuelva algo más que un vehículo para la mera acción reactiva y “concientizadora” en términos comunicacionales e ideopolíticos, 2) la información adquiera un valor primordial en todos los procesos de intercambio dentro del sistema social cubano, 3) ninguna política se defina al margen o a contrapelo o para contener los flujos informacionales en la sociedad, de modo que estos sean el soporte de un crecimiento colectivo sostenible, fundamentado en la soberanía nacional, colectiva e individual 4) cada persona, como sujeto social, sea portadora de una suerte de civismo informacional, y esté comprometida con la creación, la puesta en común y la crítica de la información como base del conocimiento, comprendido este como el más valioso y poderoso articulador de la vida social (Recio, 2012).
*Milena Recio ha sido profesora de la Universidad de la Habana y allí ha formado a varias generaciones de periodistas. Es una de las principales especialistas cubanas sobre políticas de comunicación social, periodismo digital y sobre la blogosfera en Cuba.
