Por Arnoldo Fernández Verdecia.
Deciden por todos. Ni siquiera, por respeto, consultan el nuevo destino. Un reducido grupo vuelve a definir el rumbo del país como si la sociedad fuera una simple espectadora de decisiones ya tomadas. Esa ha sido una constante en la historia política cubana: los grandes cambios nacen en la cúpula y descienden hacia la base, pero rara vez recorren el camino inverso.
Hoy se anuncia un nuevo modelo económico. Sus promotores hablan de eficiencia, productividad y modernización. Diversos análisis han señalado que algunos de sus principales diseñadores estudiaron durante años experiencias como las de los llamados tigres asiáticos y, en particular, el proceso de reformas impulsado por China desde finales de la década de 1970. La aspiración parecería ser una economía con mayores espacios para el mercado, manteniendo al mismo tiempo un sistema político de partido único y una fuerte centralización del poder.
La comparación merece una reflexión más profunda. El llamado "modelo chino" no consiste únicamente en permitir determinadas formas de propiedad privada. También incluye una amplia apertura a la inversión extranjera, una intensa competencia entre territorios para atraer capital, una burocracia sometida a fuertes incentivos económicos y una inserción muy activa en el comercio internacional. Pensar que basta con adoptar algunos elementos económicos sin considerar las profundas diferencias institucionales y demográficas entre ambos países resulta, cuando menos, discutible.
Cuando veía hablar en televisión a uno de los responsables del llamado ordenamiento monetario, experimentaba una profunda desconfianza. Su discurso me transmitía la imagen del burócrata convencido de que la planificación podía sustituir la realidad. Compartí esa impresión con muchas personas y, con el paso del tiempo, los resultados del propio proceso reforzaron esa percepción. Naturalmente, esa es una valoración personal, pero nace de observar cómo muchas de las expectativas creadas por aquella reforma terminaron chocando con una inflación acelerada, escasez y pérdida del poder adquisitivo.
Sin embargo, el problema no comenzó con el ordenamiento.
Para comprender el presente es necesario regresar a los años en que prácticamente toda la actividad económica fue concentrada en manos del Estado. Durante ese proceso se restringieron progresivamente los pequeños emprendimientos privados y se asumió que la planificación central podía sustituir la iniciativa económica de miles de ciudadanos.
En ese contexto suele citarse una intervención atribuida a Carlos Rafael Rodríguez. Ante la expansión del control estatal sobre la actividad económica preguntó: «¿Y dónde comerá el pueblo?». La respuesta habría sido: «En los comedores populares administrados por el Estado». Aunque existen distintas versiones de ese episodio y no siempre es posible documentar con precisión sus palabras exactas, la anécdota refleja un debate real de la época: hasta dónde debía llegar la estatización de la economía.
Poco después llegó la Ofensiva Revolucionaria de 1968. Desaparecieron miles de pequeños negocios: fondas, restaurantes, bares, talleres, comercios familiares y otras formas de pequeña propiedad fueron nacionalizados por considerarse incompatibles con el proyecto socialista que entonces se impulsaba.
Resulta inevitable pensar en quienes dedicaron años de esfuerzo a construir esos negocios. ¿Cómo vivieron aquellas intervenciones realizadas en nombre del futuro? ¿Qué sintieron cuando perdieron, de un día para otro, el fruto de toda una vida? Y si algunos aún viven, ¿cómo interpretan hoy que el propio Estado haya terminado autorizando nuevamente muchas de esas actividades que décadas antes había eliminado?
La historia parece haber dado una respuesta contundente: ningún Estado posee la capacidad administrativa para gestionar de forma eficiente hasta el último restaurante, la última cafetería, el último taller o el último pequeño comercio de un país.
Entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué no se previó ese desenlace?
¿Por qué una tradición política que decía inspirarse en José Martí no anticipó el riesgo de construir una burocracia gigantesca? Martí advirtió en numerosas ocasiones sobre los peligros del poder concentrado y de los funcionarios alejados de las necesidades reales del pueblo. Sin embargo, el aparato administrativo terminó creciendo hasta convertirse en una estructura extraordinariamente compleja, semejante a una medusa que, con el paso del tiempo, desarrolla innumerables cabezas imposibles de controlar desde un único centro.
Hoy se afirma que las conquistas sociales podrán preservarse mediante una economía con mayor presencia del mercado. Es un objetivo legítimo. La verdadera incógnita consiste en saber si las transformaciones económicas podrán prosperar sin modificaciones institucionales de igual profundidad.
Las experiencias internacionales ofrecen motivos para la cautela. El crecimiento económico sostenido depende no solo de las reglas del mercado, sino también de instituciones capaces de generar confianza, seguridad jurídica, estabilidad normativa, transparencia y mecanismos eficaces de rendición de cuentas. Ninguno de esos factores puede construirse únicamente mediante decretos económicos.
Aquí aparece la vieja metáfora campesina.
¿Será posible impulsar una economía semejante a la china con los mismos bueyes?
La duda no se refiere únicamente a las personas. Se refiere, sobre todo, al funcionamiento del sistema. Un aparato político diseñado para controlar cada decisión difícilmente puede transformarse en otro cuya prioridad sea estimular la innovación, la iniciativa y la responsabilidad individual.
Por eso el verdadero desafío trasciende la economía. El modelo político necesita rejuvenecerse de arriba abajo y de abajo arriba. Necesita ampliar los espacios de participación ciudadana, fortalecer la autonomía de los gobiernos locales, establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas y permitir que los ciudadanos influyan de manera más directa en la selección de sus autoridades y en el control de la gestión pública. Sin una ciudadanía que participe activamente en las decisiones que afectan su vida cotidiana, cualquier reforma corre el riesgo de convertirse en un ejercicio exclusivamente administrativo.
En ese sentido conviene recordar los experimentos institucionales desarrollados durante años en Artemisa y Mayabeque. Fueron presentados como laboratorios para perfeccionar el funcionamiento del Estado. Sin embargo, cabe preguntarse qué enseñanzas dejaron realmente, cuáles de sus resultados fueron evaluados públicamente y hasta qué punto modificaron la relación entre los ciudadanos y el poder.
Alguien dijo alguna vez que «el socialismo es un viaje hacia lo ignoto». Quizá sea cierto. Pero ningún viaje colectivo debería depender exclusivamente de quienes creen conocer de antemano el camino.
Las grandes transformaciones nacionales solo adquieren legitimidad cuando incorporan la inteligencia colectiva de la sociedad. Ningún grupo, por preparado que esté, posee el monopolio del acierto. La historia cubana demuestra que las decisiones adoptadas sin suficiente deliberación pública pueden tardar décadas en corregirse, con enormes costos económicos y humanos.
Cuba necesita transformar profundamente su economía. Pero necesita, con la misma urgencia, transformar su política. Necesita recuperar la confianza de sus ciudadanos, abrir espacios reales de participación, fortalecer instituciones capaces de corregir errores y construir consensos duraderos. Porque ninguna estrategia económica será suficiente si el pueblo continúa siendo únicamente destinatario de las decisiones y no protagonista de ellas. De lo contrario, seguiremos intentando mover el país con los mismos bueyes que durante décadas lo han mantenido inmóvil.
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