Cuba debe tener la Constitución que merece su pueblo

Comisión Reforma Constitucional Cuba. Foto tomada de Cubadebate.

Por Arnoldo Fernández Verdecia. caracoldeaguaoriente@gmail.com

Oigo de lejos  hablar sobre la modificación de nuestra Carta Magna. Intento imaginar lo diferente en las palabras, el espíritu, los artículos, cada uno de los incisos; no será como otras veces, que uno se entera  de los cambios y levanta la mano en una reunión del  CDR o del sindicato, sin saber muy bien lo que está aprobando; o sencillamente nos explayamos en consideraciones filológicas sobre palabras, giros idiomáticos, oraciones, en fin, nada con sentidos profundos.

Nuestro país tiene una historia constitucional que transita por varias constituciones mambisas: Guáimaro, Baraguá, Jimaguayú, La Yaya. Cada una tiene sus contextos específicos, en algunas, los cubanos fuimos demasiado ingenuos, en otras, muy terrenales. Lo real, “si no llegamos, nos pasamos”, como diría el generalísimo Máximo Gómez. O demasiados civilistas, o  extremadamente militaristas. Nunca el justo medio. Cada fracción siempre intentó someter a la otra.

En 1940 llegó, -considerada por la mayoría de los expertos-, la mejor de todas las constituciones que Cuba ha podido darse; tenía de modelos a la de Querétaro (1917) y Weimar. Es cierto que en la letra hay muchas dosis de idealismo, porque se construyó un instrumento jurídico que reconoció cuestiones sociales de amplio registro como la jornada laboral de ocho horas y algunos derechos de la mujer,  sin embargo,  fue algo anacrónico que no pudo implementarse, porque no había seriedad alguna en las instituciones de la Nación y todo quedó en letra muerta.

Con el triunfo de la Revolución cubana el 1 de enero de 1959,  hubo que esperar a 1975-1976, para darnos una Constitución, que  según algunos  juristas, es un híbrido donde se mezclan artículos de  la de 1940 y la de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1936. La metodología de aplicación de la misma en verdad no llegó a calar en la conciencia ciudadana, al extremo de reconocer el sistema educacional, en décadas como las del 90 del siglo XX y las primeras del XXI, que no tenemos una cultura jurídica, expresada en conductas sociales acordes a lo estipulado en la Carta Magna de la Nación.

Hubo varios referéndums para reformar algunos artículos en coyunturas determinadas, pero lo real es que  hoy existe un país muy distinto a la Carta Magna vigente y hay que hacer coincidir, en prácticas ordenadas, los principales derechos y deberes de los ciudadanos  en correspondencia con los tiempos.

En lo personal me pregunto muchas cosas: ¿Qué sucederá con aquellas instituciones agresivas con el medio ambiente? ¿Qué pasará con los que maltratan a los animales e incluso los asesinan irresponsablemente en  lo público? ¿Cómo ordenar las prácticas sociales en espacios públicos? ¿Cómo rescatar las más elementales convenciones de urbanidad y buenas costumbres en instituciones recreativas, educacionales, de salud, deportivas, de servicios, etc.? ¿Cómo penalizar a los que roben al erario público? ¿Qué hacer con los que trafican con influencias para ganar favores en la administración de los bienes y servicios del Estado? ¿Qué papel tendrá el pueblo en términos de derecho para convertirse en la máxima instancia de la Nación? ¿Se protegerá el desarrollo endógeno de forma tal que los municipios dejen de funcionar como suministradores  de bienes y servicios para las capitales provinciales? ¿Cómo se ordenará la relación entre municipios y provincias para gestar un desarrollo que dinamice las fuerzas productivas?

Tengo más interrogantes, creo que muchas personas como yo las tienen, pero tendré derecho a expresarlas públicamente, sin ser mal interpretado;  serán escuchadas y tenidas en cuenta, o sencillamente lo que se espera de mí, como ciudadano de la Nación, es que levante la mano y apruebe lo que otros pensaron y decidieron  sin imaginar que millones como yo existen y consideran válido el derecho a expresarse.

Son tiempos de empoderar  cada uno de los llamados logros sociales; protegerlos, para que otros no lucren con ellos, no trafiquen con los mismos, no hagan riqueza a costa del dolor, la enfermedad.  Sobre esos derechos tenemos que legislar fino, para tener herramientas que no dejen a los humildes desamparados y a merced de los vividores,  que en verdad, campean hoy por su fueros en muchos lugares y nos cuesta trabajo reconocerlos, enfrentarlos y aplicarle las leyes.    

Si queremos un país  donde la primera ley sea el culto a la dignidad plena del hombre, es momento de hacer todo lo necesario para que esa máxima de José Martí no sea un eslogan más, ni una consigna huera, sino un principio ético inviolable, al alcance de todo ciudadano, independientemente de sus creencias, sexo, cultura, opiniones. Es hora de  hacer que cada cubano sea un constitucionalista modelo.